La declaración del investigado ha sido objeto de desarrollo jurisprudencial, tanto en lo relativo al alcance del derecho de defensa como en su eficacia probatoria. Desde Bersa Abogados asistimos al investigado desde el momento en el que se le atribuye un hecho punible hasta que finaliza el procedimiento criminal o, en su caso, se extinga la pena, velando por una eficaz defensa. Nuestra sede se encuentra en la Región de Murcia pero asistimos también en el resto del territorio nacional.

La figura del investigado ha sido objeto de sucesivas reformas por parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), entrado en vigor la última en fecha del uno de noviembre de 2015. Hasta entonces el investigado venía denominándose imputado. El artículo 118 de la LECrim delimita el momento desde el que puede ejercitar el derecho de defensa el investigado, así como intervenir en las actuaciones, «desde que se le comunique su existencia» (la atribución a una persona de un hecho punible). Al investigado se le informará en lenguaje comprensible y accesible de los derechos que le asiste, que vienen recogidos desde la letra A) a la H) del párrafo primero, entre los mismos figura el derecho a no confesarse culpable o declarar contra sí mismo, a guardar silencio y no prestar declaración, a solicitar asistencia jurídica gratuita, a designar abogado, a examinar las actuaciones anterior a la toma de declaración…

El derecho a examinar las actuaciones con antelación suficiente y en todo caso anterior a la declaración, para salvaguardar el derecho de defensa, queda en línea con el artículo 7 de la Directiva 2012/13/UE respecto al «derecho de acceso a los materiales del expediente», en el que se cita:

«2. Los Estados miembros garantizarán que la persona acusada o sospechosa o su abogado tengan acceso al menos a la totalidad de las pruebas materiales en posesión de las autoridades competentes a favor o en contra de dicha persona, para salvaguardar la equidad del proceso y preparar la defensa. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el acceso a los materiales mencionados en el apartado 2 se concederá con la debida antelación que permita el ejercicio efectivo de los derechos de la defensa y a más tardar en el momento en que los motivos de la acusación se presenten a la consideración del tribunal. Si llegan a poder de las autoridades competentes más pruebas materiales, se concederá acceso a las mismas con la debida antelación para que puedan ser estudiadas. 4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, siempre y cuando ello no suponga un perjuicio para el derecho a un juicio equitativo, podrá denegarse el acceso a determinados materiales si ello puede dar lugar a una amenaza grave para la vida o los derechos fundamentales de otra persona o si la denegación es estrictamente necesaria para defender un interés público importante, como en los casos en que se corre el riesgo de perjudicar una investigación en curso, o cuando se puede menoscabar gravemente la seguridad nacional del Estado miembro en el que tiene lugar el proceso penal. Los Estados miembros garantizarán que, de conformidad con los procedimientos previstos por la legislación nacional, sea un tribunal quien adopte la decisión de denegar el acceso a determinados materiales con arreglo al presente apartado o, por lo menos, que dicha decisión se someta a control judicial”.

El Ministerio Fiscal en la Circular 3/2018, de 1 de junio, sobre el derecho de información de los investigados en los procesos penales, aclara que las actuaciones referidas en el artículo 118.1 LECrim, «deberá entenderse comprendido todo el procedimiento penal, con acceso a todas las piezas que lo pudieran integrar, salvo que estén declaradas secretas«. Acudiendo al considerando 31 de la Directiva 2012/13/UE,  «a efectos de la presente Directiva, el acceso a las pruebas materiales (…) debe incluir el acceso a materiales como, por ejemplo, documentos y, si procede, fotografías y grabaciones de sonido o de vídeo. Las autoridades competentes pueden recoger dichos materiales en un archivo de expedientes o conservarlos de cualquier modo adecuado de conformidad con la legislación nacional». La fiscalía aclara que  «este será el caso de aquellos procedimientos en los que existan piezas separadas, tramitadas para la práctica de diligencias de investigación tecnológica, tales como intervenciones telefónicas o telemáticas, grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos o utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y de localización, por ejemplo. En virtud del artículo 588 bis d LECrim estas piezas son secretas, de modo que pasarán a formar parte del contenido que debe trasladarse al investigado una vez que se haya levantado el secreto, lo que ocurrirá, de no haberse hecho antes, cesada la medida (art. 588 bis e) y j).»

¿Puede el investigado acceder a las actuaciones que forman parte de la investigación policial? El Tribunal Supremo ha determinado en la STS nº 795/2014, de 20 de noviembre, que “la fase previa a la investigación que no se vierte sobre el proceso y que por ende, carece de virtualidad como fuente de prueba, no integra el «expediente» preciso para el efectivo ejercicio de defensa”. De la misma manera se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) entendiendo que la finalidad de acceder a las actuaciones que integra el procedimiento es el de controlar las pruebas de cargo (STEDH de 19 de diciembre de 1989, caso Kamasinski contra Austria).

¿Qué ocurre cuando se haya declarado el secreto de sumario? ¿Afecta al derecho de defensa y el acceso a las actuaciones? Incluso en caso de secreto de actuaciones se podrá acceder a los elementos esenciales que permita ejercitar el derecho de defensa, como se advierte en el último párrafo del artículo 302 del Código Penal en relación al 505.3, en caso de detención.

¿Qué valor tiene la declaración espontánea ante los agentes policiales de una confesión? El Tribunal Supremo en STS 784/2021 de 15 de octubre (Fundamento Jurídico primero) se ha pronunciado en este asunto afirmando que aquellas confesiones que no hayan sido prestadas con todas las garantías pueden ser valoradas como un indicio más.

De otro lado, el Tribunal Constitucional en STC 68/2010, de 18 de octubre (Fundamento Jurídico quinto), señala que la confesión manifestada en sede policial sin asistencia letrada negada posteriormente ante el Juez Instructor no podrá ser valorada en juicio a través de su lectura. Así lo ha referido el constitucional en multitud de ocasiones.  «A los efectos del derecho a la presunción de inocencia las declaraciones obrantes en los atestados policiales carecen de valor probatorio de cargo» (STC 51/1995, FJ 2) y que «las declaraciones prestadas por un coimputado en las dependencias policiales no pueden ser consideradas exponentes ni de prueba anticipada ni de prueba preconstituida, y no sólo porque su reproducción en el juicio oral no se revela imposible o difícil … sino fundamentalmente porque no se efectúan en presencia de la autoridad judicial, único órgano que, por estar institucionalmente dotado de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria» (SSTC 51/1995, FJ 2; 206/2003, FJ 2 c). 

Si se encuentra incurso en un procedimiento penal puede contactar con nosotros para valorar su caso, la primera consulta es gratuita. Llame al teléfono 868 706 169 o bien contacte a través de Whatsapp a los siguientes números 620 353 325 | 645 451 232. ¡Asistencia al detenido 24 horas! 

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Desafortunadamente, y en especial en los difíciles días que nos está tocando vivir, el despido de trabajadores está de rabiosa actualidad. En este artículo vamos a analizar cómo se debe proceder en estos casos, principalmente para evitar que un desconocimiento de la norma pueda causar la total indefensión del trabajador y la imposibilidad de recurrir.

En primer lugar, el despido (que se encuentra regulado en el Estatuto de los Trabajadores) puede ser por causas objetivas, por ejemplo económicas, lo cual dará lugar a que el trabajador tenga derecho a percibir una pequeña indemnización. También puede darse un despido disciplinario, cuando por ejemplo el trabajador insulte gravemente al empresario o a otros trabajadores, lo cual no daría derecho al trabajador a cobrar indemnización alguna (sin perjuicio de que seguiría teniendo la posibilidad de solicitar el cobro de la prestación por desempleo).

Pues bien, en estos casos el trabajador tiene derecho a presentar una reclamación en el plazo de 20 días desde la fecha del despido, plazo que es de caducidad. Antes de nada, nuestro primer consejo es que no se firme ninguna comunicación de despido entregada por la empresa sin el asesoramiento profesional adecuado. Sobre este plazo de 20 días, se cuentan los días hábiles (de lunes a viernes no festivos), e incluye en su cómputo el mes de agosto. En estos 20 días, se debe presentar la papeleta de conciliación ante el Servicio de Conciliaciones Competente de cada Comunidad Autónoma (en el caso de la Región de Murcia ante el SMAC).  Una vez presentada dicha Papeleta, el plazo de caducidad de 20 días se suspenderá durante un máximo de 15 días hábiles, tras los cuales el plazo se reanudará en el estado en que se encontrara, por lo que en este momento deberá presentarse la demanda por despido improcedente o nulo, aunque no se haya celebrado el Acto de Conciliación. Este es el error más común que debe evitarse, pues no es raro el trabajador que actuando sin asesoramiento o mal asesorado, cree que el plazo queda suspendido hasta la celebración del Acto de Conciliación, lo cual llevará a la caducidad de la acción del despido, más teniendo en cuenta que hoy día los Servicios de Conciliación Autonómicas se encuentran colapsados, señalando los actos de conciliación a semanas o incluso meses vista.

Una vez presentada la demanda, se celebrará juicio en los Juzgados de lo Social y el Juez decidirá sobre la procedencia o improcedencia del despido, dando en este caso derecho a una indemnización a favor del trabajador en función del tiempo trabajado. En los casos más gravosos (por ejemplo, el despido de una trabajadora embarazada o un despido en el que se vulneren los derechos fundamentales del trabajador), el despido será nulo y dará lugar a la indemnización anterior, al abono de los salarios de trámite e incluso a otra indemnización a tanto alzado.

Si  has sido recientemente despedido, ponte en contacto con nuestro despacho de abogados especialista en despidos en Murcia, donde estudiaremos de forma gratuita y sin ningún compromiso tu caso, ejerciendo las acciones oportunas en defensa de tus derechos, o si lo prefieres, consulta más información en nuestra página de Derecho Laboral.

En este artículo vamos analizar el caso real de una negligencia dental en Murcia, de una cliente que acudió a nuestro despacho hace unos meses. La misma se había sometido a un tratamiento bucodental en una conocida clínica de Murcia, tratamiento por el que había pagado 3.400 euros. Como no había quedado satisfecha con el resultado así como con las molestias que sufría, decidió reclamar en la misma clínica, donde le dijeron que el tratamiento había dado un gran éxito y que no había lugar a queja alguna.

No quedando contenta con esas explicaciones, acudió a buscar asesoramiento a nuestro despacho. Lógicamente, nosotros somos abogados y no podíamos determinar el estado de su boca, por lo que la derivamos a un perito odontólogo que la examinó sin ningún compromiso a fin de comprobar la viabilidad de su reclamación. Este perito determinó que efectivamente el estado de su boca era lamentable y que además iba a seguir empeorando progresivamente con el paso del tiempo, habiéndose cometido importantes negligencias médicas por parte del dentista que la había tratado.

Una vez la cliente decidió seguir adelante con su reclamación, solicitamos a la clínica, a través del Colegio Oficial de Dentistas de la Región de Murcia, su historia clínica a fin de que el perito pudiera elaborar el informe pericial. Con el informe ya redactado, presentamos una reclamación extrajudicial contra el dentista que la había tratado, su clínica y la compañía aseguradora. Todos ellos rechazaron o no contestaron nuestras reclamaciones.

En este punto, decidimos presentar demanda judicial para defender los intereses de nuestra cliente, pues seguíamos entendiendo que se había cometido una negligencia médica que le estaba ocasionando importantes perjuicios, tanto estéticos como en forma de molestias.

Una vez presentada la demanda, y tras recibirla los demandados, la aseguradora sí se puso en contacto con nosotros para llegar a un acuerdo. Tras varias ofertas rechazadas por nuestra parte, finalmente nuestra cliente ha sido indemnizada en la cantidad de 10.500 euros, esto es, en una cantidad tres veces superior al coste de su tratamiento, dinero que le permitirá arreglar el estado de su boca y paliar los perjuicios sufridos.

 

Como vemos, en este tipo de casos en un primer momento es común encontrarse con una negativa por respuesta. Pero la insistencia de nuestra cliente, junto con el hecho de ponerse en manos de un buen equipo de abogados especialistas en negligencias dentales y odontológicas, ha dado sus frutos y ha sido indemnizada por los daños y perjuicios sufridos. Si sufres un caso similiar, y deseas más información, puedes ponerte en contacto con nosotros sin ningún compromiso o visitar nuestra página de negligencias médicas.     

 

¿Qué hacer en caso de recibir una sanción grave durante el Estado de Alarma decretado por el Coronavirus?

Desde Bersa Abogados recomendamos seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y respetar las medidas aprobadas en el Real Decreto publicado el sábado 14 de marzo de declaración de Estado de Alarma.

El incumplimiento de dichas medidas conllevará que los agentes remitan la denuncia a la Delegación del Gobierno, quien os notificará resolución por la que se propone imponer una sanción por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, si bien dicha sanción tan sólo podrá acordarse si ha existido una desobediencia o resistencia respecto a las órdenes de los agentes. En caso contrario debemos recurrir la sanción por carecer de sustento legal alguno. El simple incumplimiento de las medidas del Estado de Alarma no puede conllevar la imposición de una sanción, porque el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma  establece medidas, que no órdenes, y su incumplimiento no es suficiente para sancionar. Si el ciudadano obedece las órdenes de los agentes y se marcha a su domicilio, no hay infracción y por tanto no se puede sancionar.

Las sanciones pueden ser administrativas o incluso penales.

VÍA ADMINISTRATIVA

La simple desobediencia o resistencia, serán consideradas infracciones graves de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Dichas comportamientos los podemos encontrar cuando alguien se niega a identificarse a requerimiento de los agentes, o cuando se alegan datos falsos o inexactos, lo cual conlleva multas de entre 601 y 30.000 euros. Sin embargo, tal y como hemos comentado anteriormente, por el simple incumplimiento de las medidas del Estado de Alarma no pueden sancionarnos.

¿Puedo recurrir una sanción por incumplimiento de las medidas del Estado de Alarma?

Sí, las sanciones por un simple incumplimiento de las medidas del Estado de Alarma se pueden recurrir al carecer de sustento legal.

Dichos incumplimientos podrían ser: salir de casa sin justificación y negarnos a facilitar nuestra identificación o volver a nuestros domicilios, pasear al perro acompañados, circular en nuestro vehículo particular con otra persona, etc… y la Delegación del Gobierno está notificando propuestas de sanciones, por lo general de 601 euros, que deben ser recurridas.

La resolución que recibiremos será una propuesta de sanción, por lo que nos concederán un plazo de 15 días desde su recepción para formular alegaciones y proponer prueba. Este trámite es de gran importancia a fin de aportar cuantas pruebas y documentos nos permitan justificar el comportamiento por el que pretenden sancionarnos.

Una vez formuladas las alegaciones, recibiremos una nueva notificación con la decisión definitiva. Si las alegaciones son desestimadas, se podría presentar un recurso ante la misma autoridad. Si dicho recurso también fuera denegado, se podría recurrir la sanción judicialmente en un procedimiento contencioso-administrativo.

Es importante tener en cuenta que, el simple hecho de incumplir alguna de las medidas impuestas por el Estado de Alarma, no conlleva automáticamente la imposición de una sanción o multa, sino que es necesario que exista, y así conste en la multa formulada por el agente, que ha existido por parte del ciudadano una desobediencia grave, negándose a regresar a su domicilio.

Por tanto, desde Bersa Abogados, recomendamos recurrir todas aquellas multas que no se encuentren debidamente justificadas en base a la desobediencia de un requerimiento efectuado por los agentes, pues consideramos que existen grandes probabilidades de éxito.

Nos están llegando multas por incumplimiento del Estado de Alarma en Murcia, notificadas a algunos de nuestros clientes, las cuales se basan en una simple infracción de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana pero por incumplimiento del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, sin especificar ningún comportamiento de desobediencia o resistencia a los agentes:

Estas multas impuestas durante el Estado de Alarma se pueden recurrir por carecer de sustento legal que habilite a imponer una multa en base a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuando tan sólo ha existido un incumplimiento de las medidas del Estado de Alarma, y como hemos visto el simple incumplimiento no puede ser sancionado, recomendado que se recurran al entender que existe una alta probabilidad de éxito.

Por ello, si te han puesto una multa en la cuarentena, y quieres recurrirla, mándala escaneada a info@bersaabogados.com, o por whatsapp a los números 645 451 232 ó 620 353 325 y sin ningún compromiso te informaremos de las posibilidades de éxito y del coste del recurso.

VÍA PENAL

Cuando el incumplimiento y desobediencia es de bastante gravedad, podría considerarse como un delito de desobediencia o resistencia, regulado en el artículo 556 del Código Penal y penado de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 18 meses.

Artículo 556 C.P.:

1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La negativa a identificarse ante los agentes así como huir o resistencia violenta, se considera un delito de desobediencia o resistencia grave o muy grave a la autoridad.

¿Qué hacer si eres detenido por un delito de desobediencia a la autoridad?

En caso de detención serás trasladado a comisaría, donde la Policía realizará la lectura de derechos y motivos de la detención. Te preguntarán si tienes un abogado particular, y en caso contrario llamarán al Colegio de Abogados para designar uno del turno de oficio.

Podrás llamar a un familiar y éste podrá designarte un abogado particular. En caso de recibir una llamada de tu familiar, nos pondremos en contacto con Comisaría para informar de nuestra designación y nos personaremos en dependencias policiales inmediatamente para realizar las gestiones oportunas.

Por último, tras la lectura de los derechos e información de los hechos que se atribuyen, aconsejamos a nuestros clientes que se acojan a su derecho a no declarar en dependencias policiales, pudiéndolo hacer ante el juez de guardia, por lo que se procederá rápidamente con la puesta a disposición judicial.

Recordemos los derechos que te asisten si te detienen:

• Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.
• Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
• Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible.
• Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.
• Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país.
• Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527.
• Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas.
• Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje.
• Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas.
• Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

Si han detenido a un familiar o amigo cercano, no dudes en contactar con Bersa Abogados, nuestros letrados titulares del despacho se personarán en dependencias policiales y te mantendrán informado en todo momento.